Un estudio sobre la historia española institucional, especialmente, el sector público, puede constituir un buen camino de conocimiento de lo que ha sido nuestro pasado. Si, además, el filtro pasa por la institución encargada de la crítica del objeto de conocimiento, tendremos un resultado completo de los hechos y del medio de análisis de los mismos; esto es, de la economía pública y del Tribunal de Cuentas. Y ello en el periodo 1874 - 1934.
Las Constituciones y las normas ordinarias que han regulado tanto una como otro, nos darán el fundamento sobre el que se ha regulado el quehacer de la economía pública y de su control. Tanto el control de la legalidad como el quehacer cierto que ha sucedido. La acción de lo funcionarios, los instrumentos de deuda pública utilizados, los ingresos y gastos públicos, la contabilidad pública y los demás instrumentos utilizados en el desarrollo de nuestra Hacienda, nos dan juicio sobre lo que cabe pensar de ella y sobre la verdadera utilidad del Tribunal de Cuentas.
Esta es, precisamente, lo que se pretendía; ¿Ha sido nuestro Tribunal de Cuentas el instrumento adecuado a nuestras necesidades y a nuestras realidades? ¿Ha funcionado con adecuación a sus fines y a sus medios?.
