Esta obra está dirigida no sólo a los profesionales más próximos a los Tribunales de Justicia, sino a todos aquellos estudiosos del derecho que desean conocer en profundidad un delito, el de acusación y denuncia falsas, que siendo una de las infracciones criminales con más antigüedad en la historia del Derecho represivo, adquiere actualmente un especial protagonismo dada la indudable judialización de la vida social.
Armonizar el derecho-deber de denunciar, con el castigo debido a los que acuden gratuitamente a los Tribunales bajo un falso pretexto penal es objetivo de este estudio, incorporando además de la doctrina y jurisprudencia, propuestas de lege ferenda tendentes a la mejora en la redacción del tipo, así como soluciones a cuestiones que se plantean en la práctica forense al aplicar este tipo delictivo.
Para ello se hace un exhaustivo estudio del artículo 456 del Código Penal, en el que partiendo del hecho de encontrarnos ante un delito pluriofensivo en el que se protege además de la Administración de Justicia bienes personales del individuo como el honor, la libertad el patrimonio..., y de la indudable interconexión entre normas penales y normas procesales, destaca el tratamiento de la figura del "querulante", el protagonismo que debe adquirir el Ministerio Fiscal como destinatario que es de denuncias, la valoración que ha de hacerse de la prueba de indicios, al estar ante lo que se ha dado en llamar un delito "de inteligencia", así como las consecuencias jurídicas que van más allá del ámbito penal e inciden en el ámbito civil y en especial en el derecho sucesorio.
En esta 2ª edición de la obra se recogen los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales sobrevenidos desde la publicación de la primera edición, se incide en la figura del "querulante" y en especial se destacan las propuestas que se hicieron de lege ferenda y que recoge el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentado el 20 de diciembre de 2006 en el Congreso de los Diputados, actualmente en periodo de presentación de enmiendas, destacando aquella en la que se propone que el Ministerio Fiscal proceda contra el falso denunciador o acusador.
