En la función pública debe primar la consideración de servicio a la comunidad frente a la estabilidad en el empleo tan predicada en todos los medios. Quienes forman parte de ella habrán de desempeñar el conjunto de atribuciones que les competen lo mejor posible, dentro de la legalidad y de conformidad a una ética profesional y personal, que haga realidad el imperativo constitucional de que la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales. La potestad de imponer sanciones a los funcionarios públicos ha de servir a este objetivo y la autoridad administrativa competente para ejercitarla, aplicarla cuando el funcionario público, con su conducta, lesione o entorpezca la consecución de los fines públicos que la Administración tiene encomendados. La autora de esta monografia, en este contexto, analiza las cuestiones fundamentales del régimen disciplinario de los funcionarios civiles del Estado: su legalidad, la tipicidad de las conductas infractoras, las clases de sanciones, el procedimiento sancionador...etc., y destaca cuáles son sus principales peculiaridades y carencias.
