La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos -abordada por los autores, en muchos de los casos, con la cautela y la prevención necesariamente impuestas por su situación procesal en los juzgados y tribunales o la tramitación de los correspondientes expedientes en la CNMV- por los que se hallan imputados en la actualidad casi un centenar de banqueros, amén de un sinfín de empresarios, relacionados con la presunta comisión de delitos societarios, apropiación indebida, falsedades y estafas, publicidad engañosa o uso de información privilegiada entre otros, justifica por sí sola la publicación de obras como la presente, en las que la necesidad de investigar penalmente la entidad de determinadas conductas, más allá de las malas prácticas, debe imponerse a la codicia y oportunismo de sus artífices.
Merecerían destacarse, en este orden, como tales: el comportamiento de los responsables de auditoras que perciben sustanciosos ingresos por consultoría precisamente de las sociedades que deben auditar; la emisión de informes engañosos por agencias calificadoras propiciando ruinosas inversiones; el desvío de reservas transformadas en ingresos operativos por parte de sociedades para inflar beneficios que han obligado a gigantes del mercado a suspender pagos bajo la presión de deudas millonarias; la asignación de sueldos desproporcionados o la utilización de los recursos sociales para atender los gastos particulares de los altos directivos de la Banca, incluida la concesión de créditos a bajo interés facilitados a los mismos o a sociedades por ellos controladas, prejubilaciones e indemnizaciones desproporcionadas en todo caso y más en épocas de crisis; la deficiente gestión por aquéllos de los recursos de las Cajas de Ahorro, ofertando preferentes a clientes desinformados, cuando no mal aconsejados, concediendo créditos a terceros para la adquisición de viviendas a largo plazo de manera indiscriminada o participando en inversiones de riesgo que, desnaturalizando el cometido genuino de aquéllas, han obligado a la postre a su rescate con el dinero de los contribuyentes, por citar algunos ejemplos. Conductas, todas ellas, con trascendencia delictiva cuyas responsabilidades deben depurarse, sólo, a través de un proceso adecuado.
Consecuentemente, la conveniencia de la actualización de una obra, como la que el lector tiene en sus manos, viene aconsejada no sólo desde su finalidad jurídica, que constituye su primer objetivo, sino también como revulsivo educacional, como premisa necesaria para evitar, ante todo, el conflicto ético que su dinamización viene generando, y hoy más que nunca: como fuente de transformación de la conciencia social, con el fin de erradicar de la misma la mítica y errónea consideración de «casta intocable» que tradicionalmente viene otorgándose a la denominada comúnmente, desde SUTHERLAND, «delincuencia de cuello blanco» (the White collar Criminality).
