El problema de fondo no es otro que el establecer mecanismos jurídicos operativos de cara a, salvaguardando las libertades de pensamiento y expresión, evitar una dinámica desestabilizadora que, a la postre, pueda afectar no sólo a la Administración de Justicia y al Poder Judicial, sino también al propio Estado Social y democrático de Derecho.
