En esta obra se analizan los requisitos legales que la normativa tributaria ha establecido para que entidades y profesionales remitan, reciban y conserven facturas en formato electrónico, lo que se ha venido a denominar la facturación electrónica, facturación telemática o e-facturación, siendo por ello de utilidad para asesores legales y tributarios, auditores, gestores, contables, así como directivos de empresas, principalmente de departamentos financieros, de administración, contabilidad y facturación. La actualidad de esta materia viene marcada por importantes normas en el ámbito del sector público. Así, precisamente porque en la factura electrónica los poderes públicos han puesto muchas expectativas para que contribuya a la modernización del tejido empresarial incrementándose la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, tanto la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI) como la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público han establecido los plazos para la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal a partir del tercer o cuarto trimestre del año 2009, lo que sin duda puede significar el mejor impulso en el sector privado, sin olvidar que la LMISI también se enmarca en otra importante norma que le precede, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya trascendencia radica en que consagra como un derecho las relaciones de los ciudadanos con todas las Administraciones Públicas y como una obligación correlativa para éstas, y por ello también el derecho de remitirles facturas por medios electrónicos, siendo efectivo dicho derecho no más tarde del 31 de diciembre de 2009.
